Venezuela y Chad abandonan la CPI bajo presión diplomática de Estados Unidos

La Corte Penal Internacional (CPI) ha registrado con preocupación la decisión de Venezuela y Chad de retirarse del Estatuto de Roma, advirtiendo que tal movimiento socava la búsqueda colectiva de justicia. Esta acción no es aislada, sino parte de una estrategia coordinada impulsada por Estados Unidos, quien ha instado a sus aliados y socios a abandonar el tribunal. Washington argumenta que la CPI representa una amenaza para sus ciudadanos, intensificando así la tensión entre el derecho internacional y la soberanía nacional percibida desde Occidente.

El gobierno de Venezuela, que enfrenta investigaciones activas en La Haya, justificó su salida denunciando un sesgo estructural del organismo. Caracas sostiene que la Corte concentra sus esfuerzos de manera desproporcionada en naciones africanas y latinoamericanas, ignorando presuntas violaciones en otras regiones. Chad ha adoptado un discurso paralelo, reforzando la narrativa de que el tribunal opera bajo lentes geopolíticos selectivos. Esta convergencia retórica entre potencias regionales y Estados africanos evidencia un malestar creciente hacia la arquitectura judicial global.

La ofensiva diplomática de Washington busca debilitar la legitimidad de la CPI, aprovechando las críticas existentes sobre su alcance y aplicación desigual. Al alentar la retirada de miembros clave, Estados Unidos intenta reconfigurar el equilibrio de poder en la justicia internacional, protegiendo a sus intereses estratégicos de posibles acciones legales. Este escenario marca un punto de inflexión en la gobernanza global, donde la cooperación multilateral se ve erosionada por la competencia entre bloques y la instrumentalización del derecho como herramienta de política exterior.

Fuente original: La Jornada